"Materialidades Represivas" Centros Clandestinos de Detención y Cárceles Políticas en Montevideo (Uruguay)

Materialidades Represivas es una serie de piezas de vídeo de corta duración realizadas por Ángel Galán y Carlos Marín durante los años 2014 y 2015 para dar a conocer una muestra significativa de los predios y edificios montevideanos en donde tuvieron lugar los principales actos de represión durante la última dictadura cívico-militar del Uruguay (1973-1985). Ésta se caracterizó por el secuestro generalizado de los integrantes del movimiento obrero y estudiantil, de los militantes políticos, más allá de la represión contra la principal guerrilla del país -el  Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN-T)- que, de hecho, ya estaba prácticamente desintegrada cuando comenzó la dictadura. Aquellos militantes universitarios, sindicalistas y políticos que en su mayoría llevaron adelante formas de lucha pacíficas para cambiar un país sumido en la desigualdad y la injusticia y que, sin embargo, para los militares y políticos que conformaron el ilegítimo gobierno de la dictadura, representaban la amenaza del virus marxista que iba a acabar con el occidental y capitalista modo de vida uruguayo.

Como decimos, y en claro contraste con las dictaduras hermanas del Plan Cóndor de Argentina y Chile, el caso uruguayo no se caracterizó por la desaparición de personas. En Uruguay no hay más de 192 detenidos desaparecidos según la última actualización (2015) del informe encargado por la Presidencia del Gobierno al equipo de historiadores coordinado por Álvaro Rico. De los cuales han sido recuperados los restos de 4 en los 10 años que lleva trabajando el Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), también creado por mandato presidencial. Sin embargo en lo que destacó Uruguay fue en la ratio de personas obligadas a exiliarse (unas 300.000, es decir, el 20% de la población activa) y de personas detenidas (unas 60.000), de una población total de menos de tres millones. Así, entre 1973 y 1977, los años duros de la represión, más de una de cada 30 personas adultas fue detenida, interrogada y encarcelada. Uruguay llegó a tener la ratio de preso políticos más alta del mundo, con un total de unas 6.000 personas según las últimas investigaciones.

La mayor parte de estas miles de víctimas directas de la dictadura fueron secuestrados, antes que detenidos, por fuerzas policiales y militares, y fueron a dar a un amplio y variado abanico de espacios represivos. En las primeras fases de los "itinerarios del horror", que se corresponde grosso modo con los centros clandestinos de detención (CCD), se usaron de forma indiscriminada las torturas y las violaciones, siguiendo patrones compartidos con Brasil, Argentina y Chile, y entrenados previamente en la guerra de Argelia por el ejército francés: picana eléctrica, ahogamientos secos y en agua, colgamientos, obligación a permanecer de pie hasta que el cuerpo no aguante -plantones-, violaciones a mujeres y hombres, etc. Esta primera etapa represiva en estos particulares campos de concentración sudamericanos, mantenidos en secreto por el Estado, también se caracterizó por la deshumanización de los secuestrados, impidiendo la comunicación ente ellos, clasificándolos con números y colores, y, sobre todo, manteniendo sus cabezas continuamente encapuchadas. En una segunda fase los secuestrados pasaban a los centros de detención (CD), en donde las condiciones en muchos casos eran similares.

Estos CD ya habían sido usados masivamente por el gobierno desde 1968, en los años previos a la dictadura, pero en los que debido a la implantación de las "medidas prontas de seguridad" los cuarteles militares y otros edificios reutilizados para tal fin se llenaron de estudiantes y trabajadores. También en esos momentos de represión generalizada pre-dictadura las cárceles comunes se llenaron de presos políticos. Este "mayo del 68", como el de México, es mucho menos conocido que el francés, pero también mucho más salvaje. A los trabajadores que hacían huelga se les aplicaba la justicia militar, y así faltar al trabajo era prácticamente entendido como traición a la patria. En la calle la policía mataba a tiros a los estudiantes que se manifestaban por, por ejemplo, pedir la bajada del precio del boleto del autobús. Es difícil diferenciar cuando termina la democracia y empieza la dictadura.

Restos del Cilindro Municipal, estadio usado como centro de detención masiva desde 1968. Fue derribado en el año 2015 por problemas estructurales tras un incendio. Fotografía Fuyumi Labra, de la exposición  "Memorias fracturadas. Cartografía visual de la represión y la memoria en Montevideo". 

Volviendo de nuevo a la dictadura. En estos tiempos ser trasladado de un CCD a un CD suponía el tránsito hacia el "blanqueamiento" de los secuestrados, que así pasaban a la condición de detenidos, dando a conocer su ubicación a las familias. A veces los CCD y los CD eran galpones distintos de un mismo acuartelamiento. Pasar al CD suponía, en muchos casos, no ser torturado todos los días, poder hablar con los compañeros e, incluso, quitarse la capucha. Estos "enemigos internos" de la patria serían posteriormente juzgados por la justicia militar. A la espera de los juicios pasaron a las cárceles políticas, que en la jerga militar fueron denominadas Establecimientos Militares de Reclusión (EMR). Hubo tres de estos en el país, con una de mujeres y otras de hombres en Montevideo. Como en una especie de macabro juego de la oca siempre era posible ir hacia atrás en las etapas represivas, es decir, volver a las torturas. Es el caso de la cúpula del MLN-T, secuestrados cuando ya estaban cumpliendo condena en la cárcel política. Algunos de aquellos jóvenes militantes nos cuentan como en el CD al que fueron trasladados había un teléfono. Todos lo temían. Una llamada podía indicar que alguno de los secuestrados debía volver al CCD a nuevas sesiones de tortura. 

Cárcel de Libertad, estrenada prácticamente como cárcel política para hombres. Hoy sigue funcionando como cárcel.       

Mientras que el EMR 1, o cárcel política de hombres, fue instalado en una prisión recién construida en los años previos a la dictadura (cárcel de Libertad), con el EMR 2, o cárcel política de mujeres, ya observamos la reutilización de edificios, pues fue instalada en un antiguo seminario de jesuitas en el barrio de Punta Rieles. Tanto la localidad de Libertad como Punta Rieles se encuentran en las afueras de Montevideo, alejados de la ciudad. Las cárceles comunes, en las que también hubo presos políticos en los años oscuros previos a la dictadura, siguieron en uso tras el golpe de Estado. Algunas de estas cárceles habían sido construidas a finales del s. XIX y comienzos del XX, con algún ejemplo de planta radial (cárcel de Miguelete), y, en todo caso, con el afán de panoptismo típico de este tipo de construcciones, sean con planta en radios o en galerías en línea. Estas cárceles comunes, al contrario que las cárceles políticas alejadas de la ciudad, y que los CCD mantenidos en secreto, estuvieron dispuestas en el centro de la ciudad, y sirvieron como lugar aleccionador, al que se podía ir a pasear una mañana de domingo para ver como fusilaban a un reo en el patio. Eran momentos en los que el Estado no se avergonzaba de la forma en la que asesinaba a sus ciudadanos. Sin embargo los militares de la dictadura siguen negando a día de hoy que haya desaparecidos en Uruguay. Quizás alguna muerte por algún exceso puntual en algún "interrogatorio". 

Excavaciones arqueológicas del GIAF en el cuartel militar Servicio de Material y Armamento. Al fondo se observa el galpón que fue usado como el centro clandestino de detención conocido como "300 Carlos" o "Infierno Grande". Fotografía de Carlos Marín.   

  

La lógica de la reutilización que vimos con la cárcel política de mujeres es la característica entre los CCD y los CD. Por desgracia para los presos que lo siguen padeciendo esta lógica de la reutilización también la han heredado de la dictadura los gobiernos de la democracia. Especialmente los del Frente Amplio. Otra característica de los CCD y CD es su ubicuidad. No hay prácticamente un barrio que no cuente con un emplazamiento represivo. Sólo en Montevideo y alrededores encontramos varias decenas de lugares que se corresponden con estas categorías, muchos de ellos en el interior de cuarteles militares. En los grandes predios militares de la capital aparece esta diversidad funcional, con algunos galpones usados como CCD y otros como CD, como ya comentábamos más arriba. En algunos de estos predios, como el Batallón de Infantería nº 13 o el nº 14, además, se ha documentado arqueológicamente la presencia de cementerios clandestinos.  

Pero no sólo se usaron los acuartelamientos para instalar los CCD y CD, sino que toda una nómina de edificios que bien pertenecían al Estado (espacios para la compra-venta de ganado o estadios, por ejemplo) o bien fueron robados a la guerrilla del MLN-T, también fueron sede de tan ominosos crímenes. A día de hoy la lista de CCD, por ejemplo, aún no está cerrada, y seguramente vayan apareciendo nuevas sedes según avancen las investigaciones y las denuncias de las víctimas. Sin duda por duración y número de secuetsrados que pasaron por allí habría que destacar los CCD "300 Carlos" o "Infierno Grande" y la "Base Roberto", destinados fundamentalmente a la desarticulación del Partido Comunista del Uruguay.

Mapa con la distribución de los espacios represivos en Montevideo y sus alrededores, clasificados por tipologías. Se añaden también las marcas de memoria de la ciudad. Mapa realizado por Nicolás Gazzán y Carlos Marín, de la exposición  "Memorias fracturadas. Cartografía visual de la represión y la memoria en Montevideo" 

Nuestra intención con estas piezas de vídeo es hacer asequible una muestra representativa de toda esta vasta materialidad represiva de la dictadura uruguaya, inaccesible para la mayor parte de la sociedad. Como decíamos más arriba las investigaciones oficiales que desde que subió al gobierno la coalición de centro-izquierda Frente Amplio en el año 2005 se llevan a cabo por mandato presidencial sólo abarcan la cuestión del paradero e identificación de los detenidos desaparecidos. El resto de crímenes de lesa humanidad quedan fuera del cometido de los equipos de arqueólogos e historiadores, perdiéndose de este modo una oportunidad única para la documentación de unos lugares y unos edificios que, entre otras razones, tienen una clara condición de prueba judicial de aquellos crímenes. Sin descartar, por supuesto, el potencial de estos lugares para volver atar los lazos sociales que la dictadura cortó. 

O dicho de otro modo, reconvertirlos, mediante un trabajo colectivo entre víctimas, familiares, vecinos e investigadores, en lugares de memoria y en lugares de historia. Cuando el GIAF ha intervenido arqueológicamente en estos lugares (por ejemplo el gran predio formado por el Batallón de Infantería nº 13 - Servicio de Material y Armamento, en donde hubo varios CD y el CCD conocido como "300 Carlos" o "Infierno Grande"; o el caso de La Tablada Nacional, edificio que desde el s. XIX albergaba el lugar de compraventa de ganado y que se reutilizó para instalar el CCD conocido como "Base Roberto") lo ha hecho exclusivamente buscando restos de detenidos desaparecidos. En el Batallón 13 la vida normal del cuartel continúa, con soldados novatos vestidos de camuflaje haciendo cuerpo a tierra y practicando en el campo de tiro, o haciendo estatuillas de Artigas con aleaciones metálicas baratas, tipo trofeo de fútbol-sala, en el galpón que durante la dictadura fue uno de los campos de concentración más terribles. Sólo se excluye de la vida normal del cuartel la zona cautelada por el juez para que los arqueólogos desarrollen sus excavaciones, siempre bajo la atenta mirada de los militares, que les graban en vídeo continuamente.

El caso de La Tablada Nacional es similar. Este mercado de ganado tras ser usado como CCD en la dictadura en la democracia pasó a convertirse en reformatorio de menores y posteriormente en cárcel. Como si las tecnologías represivas del campo de concetración hubieran quedado rebotando en las paredes durante los años noventa y los dosmiles fueron frecuentes los motines por los tratos vejatorios, las condiciones infrahumanas y las torturas. El GIAF sólo pudo excavar en los alrededores por estar en uso el edificio, hasta que entre los años 2013 y 2015, aprovechando que este Monumento Nacional estaba en obras para su enésima reconversión en reformatorio de menores de alta seguridad, se pudo intervenir en su interior, y así poder descartar que pudiera haber enterramientos clandestinos en sus sótanos, todos cegados con escombros durante los años 80. 

Fachada principal de La Tablada Nacional, monumento histórico nacional que fue usado en la dictadura como el centro clandestino de detención "Base Roberto". Fotografía Fuyumi Labra. 

  

Por otro lado muchos de estos lugares tras la dictadura han continuado en la órbita militar, por lo que el acceso a los mismos es muy limitado, o bien han sido reconvertidos, como venimos denunciando, en espacios penitenciarios tanto para menores como para adultos, pese a que son edificios que no fueron construidos con ese fin. Aparte de La Tablada Nacional es significativo el caso de la prisión política de mujeres de Punta Rieles, pues fue el único caso en donde hubo una movilización masiva y continuada en el tiempo, tanto de las ex-presas como de vecinos del barrio, para que el Estado cediera el antiguo seminario de jesuitas y poder convertirlo en un lugar de memoria y de formación barrial. Tras las negativas del presidente Pepe Mujica ni siquiera para recibir al colectivo de ex-presas, pese a que algunas de sus portavoces habían compartido militancia guerrillera con el presidente, éste decidió reconvertir la antigua cárcel política nuevamente en cárcel en el año 2011.

Edificio principal del seminario de jesuitas de Punta Rieles, usado durante la dictadura como cárcel política de mujeres. Actualmente sigue siendo una cárcel. Fotografía Fuyumi Labra, de la exposición  "Memorias fracturadas. Cartografía visual de la represión y la memoria en Montevideo"

Otros CCD desaparecieron para construir viviendas, mientras que otros son a día de hoy casas privadas, pese a que la propiedad proceda de un robo de los militares. Respecto a las cárceles comunes, que también fueron cárceles políticas, la de Miguelete se mantiene por haberse utilizado uno de sus radios como Espacio de Arte Contemporáneo, mientras que la de Punta Carretas, famosa por las fugas de anarquistas en los años 30 y de tupamaros en los 70, fue destruido en su mayor parte y convertido en un gran centro comercial, lo que en palabras de Hugo Achugar ha significado un lugar de eliminación de la violencia política y su sustitución por la ordenada y legitimada violencia del mercado. 

Fachada principal de la antigua cárcel de Punta Carretas, de lo poco que se conservó tras su demolición y re conversión en centro comercial. Fotografía de Fuyumi Labra. 

Vemos, por lo tanto, que por un motivo u otro las materialidades represivas uruguayas son en su mayor parte inaccesibles o han sido destruidas. Además, que salvo contados casos -cárcel política de Punta Rieles- no ha habido reclamos de la sociedad uruguaya para la recuperación de estos edificios y su reconversión en lugares de memoria. Contrastan significativamente las prácticas y los reclamos de la sociedad civil organizada uruguaya, centrados en la búsqueda y localización de los detenidos desaparecidos, con los de Argentina y Chile, donde, aparte de la búsqueda e identificación de los restos de los detenidos desparecidos existe una amplia red de lugares de memoria en edificios represivos recuperados por los movimientos sociales. Gracias a estos reclamos y luchas que se originaron en tiempos de las dictaduras vemos también en estos otros ejemplos sudamericanos una legislación en materia de políticas de reparación, y en concreto sobre memoria histórica, que en el caso uruguayo es inexistente.

Vista aérea de la antigua cárcel de Miguelete. Actualmente se ha utilizado uno de sus cuatro celdarios para instalar el Espacio de Arte Contemporáneo. 

Si como dice el historiador José Rilla las huellas materiales de la dictadura en Uruguay se caracterizan por el borramiento, la sustitución o el olvido, Materialidades Represivas  pretende acercar mediante imágenes y sonidos unos espacios y unos muros en donde se origina y queda depositado, queramos o no, el pensamiento colectivo de la vida social que allí tuvo lugar, para que aquel pueda seguir teniendo todo su potencial en el presente y para ofrecer los mimbres con los que construir contramemorias. Con este fin se ha seleccionado la cárcel política de hombres (EMR 1) de Libertad, cuya vida cotidiana será rastreada gracias al ex-tupamaro Jorge Tiscornia, el preso político que más tiempo permaneció allí encerrado. Debido a que la cárcel de Libertad sigue estando en uso rastrearemos la vida en aquella mediante la cárcel de Miguelete, espacio que es en sí mismo objeto de investigación del propio Tiscornia, como veremos en el primero de los vídeos. Respecto a los CCD hemos escogido la "Base Roberto" (La Tablada Nacional), aprovechando los trabajos arqueológicos que tuvimos oportunidad de llevar a cabo durante el año 2015 con el GIAF. Aquí contaremos con los testimonios de dos de los secuestrados que pasaron por estas instalaciones, los comunistas Pedro Giudicce y Antonia Yáñez, que nos explicaran la "vida cotidiana" en un campo de concentración y los cambios que sufrió su tecnología represiva a lo largo de la dictadura. Terminaremos con un vídeo sobre el GIAF, en el que sus integrantes nos acercan a la forma en la que este grupo de investigación investiga el paradero de los restos de los detenidos desaparecidos de la dictadura.   

Carlos Marín y Ángel Galán