Os
presentamos este vídeo (para verlo pincha este enlace) en el que se muestra
cómo es un día de trabajo de este grupo de investigación de la Universidad de
la República (Uruguay) y de la particular forma de arqueología que desarrolla,
buscando desde el año 2005 los cuerpos de los detenidos desaparecidos de la
última dictadura uruguaya. Este vídeo parte y ha sido posible gracias a la
desinteresada labor de Ángel Galán, un documentalista malagueño bregado en multitud
de proyectos vinculados con los derechos humanos, la memoria y las luchas
políticas de los subalternos. Podéis ver parte de su obra en retales.net. Podríamos destacar los 6 años que estuvo en el
área de comunicación de las Abejas de Acteal, organización pacifista, indígena
y campesina del estado mexicano de Chiapas, cuya comunidad sufrió en 1997 la
Masacre de Acteal a manos de fuerzas paramilitares del gobierno mexicano. Ha
participado también en el proyecto Across The Sea donde trabajó como responsable del área de vídeo en la zona del estrecho de
Gibraltar. Se trata de un proyecto multimedia que recoge las
experiencias y las historias de vida de diferentes personas que migran a través
del mar Mediterráneo. Ahora mismo está finalizando un documental sobre el
genocidio armenio. En breve podréis ver otros minidocumentales en los que
estamos trabajando, centrados en la materialidad de diferentes espacios
represivos de la dictadura uruguaya: centros clandestinos de detención y
cárceles políticas. Desde aquí de nuevo mi agradecimiento a Ángel Galán por su
disposición, compromiso y capacidad de trabajo.
Para entender el trabajo del GIAF
habría que hacer una breve mención al ambiente político y social en el que se
gestó. En Uruguay hubo dos comisiones de la verdad, impulsadas desde la Cámara
de Representantes tras la llegada de la democracia en 1985: una encaminada a
esclarecer la muerte de dos parlamentarios durante la dictadura, y otra
denominada Comisión Investigadora sobre Situación de Personas Desaparecidas y
Hechos que la motivaron. Sin embargo no están a la altura de la CONADEP
argentina ni de la Comisión de Reconciliación de Chile, ya que sólo trabajaron
en el ámbito parlamentario, sin apoyo del ejecutivo, contaron exclusivamente
con testimonios voluntarios, no publicaron los resultados, no tuvieron
conclusiones definitivas y dejaron fuera las torturas y violaciones de los
campos de concentración o la prisión política. Como consecuencia de los pactos
del Club Naval de 1984, de finales de la dictadura y en donde se diseñó cómo
sería la democracia uruguaya, se aprobó en 1986 la Ley de Caducidad de la
Pretensión Punitiva del Estado, por la cual, y pese a que la mayoría del pueblo
uruguayo estaba a favor de que se juzgara a los militares, se impidió la
exigencia de cualquier responsabilidad penal a estos.
Sin embargo esta ley vigente, en su artículo 4, obliga
al ejecutivo a investigar el paradero de menores y adultos desaparecidos
durante la dictadura. Este artículo, invocado reiteradamente desde entonces, se
hizo efectivo en el año 2005, al comienzo del mandato del presidente
frenteamplista Tabaré Vázquez, con el encargo a la Universidad de la República
de que se constituyera un equipo de investigación arqueológica, que se denominó
Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF), y que poco después vio
reforzadas sus investigaciones con otro equipo de investigación histórica sensu stricto. En los primeros años de
vida del GIAF tuvo mucha importancia la tutela y aporte que realizó el Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF). El trabajo del GIAF ha sido
prácticamente ininterrumpido desde entonces, con numerosas intervenciones
arqueológicas sobre todo en predios militares que fueron utilizados tanto como centros
de detención como centros clandestinos de detención, aunque entre los objetivos
de su trabajo no está la reconstrucción espacial de los mismos sino la búsqueda
de los cuerpos de los detenidos-desaparecidos. Los técnicos del GIAF trabajan
como peritos dentro de causas judiciales, de las que no se puede hacer
publicidad hasta que no se levanta el secreto por parte de los jueces. Las
atribuciones del GIAF son variadas: investigación preliminar, búsqueda y contrastación
de fuentes, peritajes forenses y excavación arqueológica. Estas últimas son las
que aparecen reflejadas en el vídeo, con la fachada del Batallón 13, en donde se sigue
trabajando en la actualidad, y con las
intervenciones en el interior del centro clandestino de detención de La Tablada Nacional. Desde
hace unos años el trabajo de este equipo, así como el de historiadores y
archivólogos, está coordinado y encargado por la Secretaría de Derechos Humanos
para el Pasado Reciente, que depende de la Presidencia del Gobierno.
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